La patronal Hostelería de España muestra su rechazo al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente al Covid-19, resaltando que carece del consenso necesario y que lleva a una guerra con las Comunidades Autónomas.
La Resolución de 4 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre actuaciones coordinadas frente al Covid-19, «carece del consenso necesario» y «pone de manifiesto una manera de actuar cada vez más autoritaria y amenazante por parte del Ministerio de Sanidad hacia las Comunidades Autónomas», afirman desde la patronal hostelera.
La labor del Consejo Interterritorial es promulgar acciones coordinadas establecidas bajo consenso. Sin embargo, las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Región de Murcia han formulado un voto particular negativo a este acuerdo; Castilla y León y la Ciudad Autónoma de Melilla se han abstenido, y la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha participado en la votación. «Por tanto, a la vista de los resultados se tergiversa el concepto de consenso», denuncian desde Hostelería de España.
Los hosteleros consideran que en la práctica, esta resolución lleva a una guerra con las Comunidades Autónomas, «invadiendo competencias que el gobierno central decidió dejar de ejercer hace un mes, cuando argumentó con convicción la conveniencia de finalizar el estado de alarma para que cada comunidad autónoma ejerciese de nuevo sus competencias plenas».
Por ello, esta resolución, «incoherente y deslegitimada», sólo cabe interpretarse «a la luz de la búsqueda de confrontación». Mientras tanto, recuerdan que el Consejo Interterritorial no se pronuncia sobre la vacunación con las segundas dosis de AstraZeneca, la aceleración del proceso de vacunación, o la vacunación de sectores laborales esenciales y expuestos, como son los transportes, el comercio o el turismo.
Además de la desorientación general, la resolución «contribuirá sin duda al preocupante pero inevitable aumento de la litigación y, sobre la impugnación de acuerdos, creemos que los directamente autorizados son los gobiernos autonómicos», señalan desde Hostelería de España. «Aunque la vía judicial no es nunca la deseable, confiamos en que los tribunales consideren de nuevo injustificadas y desproporcionadas las medidas adoptadas, además de una extralimitación de las competencias por parte del Consejo Interterritorial».
41.000 trabajadores menos en hostelería
Todo esto ocurre en un contexto en el que el sector de la hostelería alcanzó en el mes de mayo 1,4 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que supone 40.976 personas menos que en el mismo mes de 2020 (-2,8%), según los datos de afiliación del Ministerio de Trabajo. El 18,7% de los afiliados son trabajadores en Erte, 263.387 personas (cerca de 43.000 menos que el mes anterior). El sector de la hostelería sigue siendo el que más personas tiene en Erte, suponiendo el 45,9% del total. Comparando con los valores anteriores a la crisis, la cifra de mayo supone 334.206 afiliados menos respecto al mismo mes de 2019.
Tras la última prórrroga, la hostelería puede ampliar a los trabajadores en Erte hasta el 30 de septiembre.
