La patronal hotelera española Cehat celebra la propuesta de Reglamento que acaba de adoptar la Comisión Europea, que establece una vieja reivindicación del sector: una legislación con condiciones equitativas para todos los tipos de alojamiento.

El sector hotelero español aplaude la propuesta de Reglamento que acaba de adoptar por la Comisión Europea para aumentar la transparencia en el alquiler de viviendas de uso turístico.

Se trata de una apuesta de la propia Comisión Europea para acabar con la opacidad y la ilegalidad que se ha producido en muchos casos, y que obliga al registro de unidades alojativas y de viajeros.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) llevaba años solicitando a las administraciones públicas acabar con la asimetría normativa entre alojamientos reglados y viviendas particulares usadas como alojamientos turísticos por medio de plataformas como Airbnb. Una asimetría debido a a la ausencia de regulación en muchas comunidades autónomas y/o ayuntamientos españoles.

La patronal hotelera denunciaba encontrarse en desventaja debido a la multitud de normas que deben cumplir los subsectores del alojamiento turístico español, frente a las casi nulas obligaciones de estos alojamientos particulares.

La Comisión Europea va a obligar a partir de ahora al registro de unidades alojativas y de viajeros, acabando con acabar con la opacidad y la ilegalidad que se ha producido en muchos casos.

Adiós a las viviendas sin registrar o sin licencia

Los hoteleros destacan que esta nueva normativa aumentará la transparencia, exigirá el registro todas las viviendas y viajeros y no permitirá a las plataformas publicar viviendas sin registrar o sin licencia.

Esta nueva normativa aumentará la transparencia, exigirá el registro todas las viviendas y viajeros y no permitirá a las plataformas publicar viviendas sin registrar o sin licencia

La propuesta se va a debatir en el Parlamento y Consejo Europeo y, tras su adopción y entrada en vigor, los Estados Miembros dispondrán de un periodo de dos años para establecer los mecanismos necesarios de intercambio de datos.

No obstante, para Cehat esta normativa europea «se podría contemplar como la base sobre la que se regule a nivel nacional, autonómico y local, y permitirá que las legislaciones estatales, las de las comunidades autónomas y las de los ayuntamientos tengan un mayor soporte legal«. Además, exige que esta actividad económica «sea tratada por las autoridades de manera similar al resto».