Ante el anuncio de la Comisión Europea de la apertura de un expediente sancionador a España por el actual Registro de Viajeros, Cehat exige la inmediata derogación del Real Decreto 933/2021 y la apertura urgente de una mesa de diálogo que incorpore a todos los agentes implicados.
La Comisión Europea anunciaba el 4 de junio un expediente sancionador contra España, por considerar que el RD 933/2021, relativo al Registro de Viajeros, vulnera la normativa sobre protección de datos.
Para Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la decisión de la Comisión Europea de incoar un procedimiento formal de infracción contra España -bajo el caso INFR(2026)4005- no supone ninguna sorpresa, y señala que es «la crónica de una advertencia anunciada”.
Desde 2022, la patronal hotelera se ha manifestado frontalmente contra el Real Decreto 933/2021, junto al resto de agentes afectados como agencias de viajes, coches de alquiler y plataformas de intermediación, ya que es una normativa que impone el registro y la remisión masiva de datos de los viajeros, y fue redactada «de forma unilateral y a espaldas de la realidad operativa del sector turístico».
Para Cehat, el expediente europeo da la razón al sector turístico frente a un reglamento «inaplicable» y que muestra «fallos estructurales grave»: se creó ignorando los sistemas de gestión diarios de los establecimientos de alojamiento; somete a las empresas a una carga de trabajo administrativa
«desproporcionada«; les obliga a convertirse en custodios de un volumen ingente de datos altamente sensibles y vulnerables para ataques cibernéticos, y vulnera la normativa europea «al contra los principios de proporcionalidad y privacidad de la UEª.
Además, el sistema español exige conservar todo el volumen de datos durante tres años, algo que Bruselas califica de «desproporcionado».
Un decreto polémico
El pasado 2 de diciembre entraba en vigor el real decreto 933/2021, que obligaba, según las empresas turísticas, a recopilar hasta 42 datos diferentes sobre el cliente que se alojaba en un hotel o compraba un viaje en una agencia de viajes. Las empresas señalaban que no tenían acceso a muchos de ellos, y que hacerlo podía vulnerar algunas leyes.
El departamento de Interior rechazaba el cálculo de los hoteleros y rebajaba el número de datos a 13, dos que más que antes de la entrada del citado real decreto, señalando que eran necesarios para garantizar la seguridad ciudadana.
Para cumplir con el decreto en vigor, el actual Registo de Viajeros, hoteles y agencias de viajes tienen que darse de alta en una plataforma habilitada por Interior, SES Hospedajes, y transmitir periódicamente los datos requeridos, entre ellos el teléfono móvil, correo electrónico, el parentesco entre viajeros, el precio de la estancia, el medio de pago o el número de cuenta, algo que para los hoteleros vulnera la protección de datos y que ahora Bruselas acaba de refrendar.
Un precedente jurídico
Desde Cehat señalan que para el desarrollo jurídico de este caso es crucial remitirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente la dictada en relación con la remisión de datos de pasajeros de aerolíneas (Directiva PNR).
El tribunal de Luxemburgo ya dejó sentado un precedente histórico: la transferencia masiva de datos personales a las autoridades encargadas de la seguridad pública no puede ser una herramienta sistemática ni generalizada.
El TJUE determinó que la cesión de información privada debe restringirse estrictamente a lo necesario y limitarse asupuestos específicos, concretos y justificados bajo sospechas reales de criminalidad grave o amenazas terroristas concretas. Para Cehat, el Real Decreto 933/2021 vulnera esta doctrina de raíz al someter «de forma indiscriminada e justificadamente» el historial y los métodos de pago de millones de turistas al control estatal ordinario.
Exigencia de diálogo urgente
Por todo ello, Cehat exige la inmediata derogación del Real Decreto 933/2021 y la apertura urgente de una mesa de diálogo que incorpore a todos los agentes implicados.
La patronal hotelera se pone a disposición del Ministerio del Interior para diseñar un sistema alternativo apoyado en soluciones tecnológicas avanzadas, agilice las labores policiales «y que, de forma simultánea, respete rigurosamente la privacidad de las personas y el derecho comunitario a la libre circulación dentro de la Unión Europea».
