La patronal Hostelería de España muestra su preocupación por el «cambio unilateral» de las condiciones de facturación de Glovo, ya que podría situar a las empresas hosteleras como responsables de la contratación y cotización de los repartidores y generar problemas graves a las empresas de restauración.

Profesionalhoreca, rider de Glovo

Según la patronal hostelera, la plataforma de delivery Glovo, ahora propiedad de Delivery Hero, busca evitar la Ley Rider actualmente en vigor «y para ello desinforma a sus clientes explicándoles que la nueva norma dispone que los mensajeros son autónomos, cuando en realidad la norma establece lo contrario», explican desde Hostelería de España.

De hecho, Glovo anunció, cuando se aprobó la ley, que incorporaría a su plantilla al 20% de los riders para adaptarse a la regulación. Además, los trabajadores con contrato, que se encargan de dar el servicio a ocho dark stores en Barcelona, se han organizado para montar el primer comité de empresa.

El cambio en las condiciones de contratación «puede llegar a obstruir los sistemas administrativos de los restaurantes adscritos a la plataforma», asegura la patronal hostelera, y además, «podría situar a las empresas hosteleras como responsables de la contratación y cotización de los trabajadores».

Una cuestión que genera preocupación entre el sector hostelero por las consecuencias que puede tener en un servicio clave, el delivery, que para la hostelería ha sido esencial en estos años de pandemia y que continúa en crecimiento, sobre todo en las grandes ciudades,

El quid de la cuestión

Glovo ha cambiado su sistema de facturación recientemente para evitar ser acusada de incumplimiento de la Ley Rider, de manera que ahora son los propios riders o repartidores los encargados de facturar la tasa de reparto, con lo que la plataforma pasaría a ser una simple intermediaria.

La decisión coloca la pelota directamente en el tejado de los clientes de Glovo (cadenas, restaurantes, supermercados…) haciéndoles responsables legales, según publica El Confidencial. Ello supondría la existencia de una relación laboral ilegal entre los riders autónomos que trabajan para Glovo y las empresas clientes de la plataforma, que podrían responder abandonándola.