El sector hostelero y turístico español en su conjunto manifiesta su rechazo firme ante la insistencia de la Comisión Europea de solicitar al Gobierno de España un incremento del IVA a la hostelería, pasando del tipo reducido actual del 10% al general del 21%.

La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a limitar por regla general el uso de tipos reducidos del 10% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en especial en el sector de la hostelería, debido al gran impacto presupuestario que tiene y, por el contrario, su «limitado efecto redistributivo».

La Comisión toma como punto de partida para su informe un análisis realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) que estimaba en un 0,4% del PIB (unos 7.000 millones de euros) la pérdida de la recaudación por aplicar el tipo reducido del IVA en el sector de hostelería, que aglutina, afirma, en torno al 60% de todas las exenciones y desgravaciones del sistema.

La respuesta del sector hostelero no se ha hecho esperar. Competur, la alianza por un turismo más competitivo formada por Hostelería de España, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y Cerveceros de España, ha manifestado su «rechazo firme» a un incremento del IVA a la hostelería, pasando del tipo reducido actual del 10% al general del 21%.

La propuesta de la Comisión se viene realizando de forma recurrente desde Bruselas «año tras año de forma automatizada, independientemente de la coyuntura económica del país o de los niveles de ingresos fiscales del Estado», explican desde Competur.

Hay que recordar, no obstantem que el turismo y la hostelería «actúan como potentes tractores del empleo y de la actividad de multitud de sectores de toda la cadena, como el agroalimentario, además de ser una herramienta indispensable para fijar población y generar oportunidades en las zonas rurales más envejecidas y despobladas de la geografía española”, señala Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.

Un golpe directo al consumo nacional

El sector advierte que la implantación de esta medida llegaría en un momento especialmente vulnerable para el mercado interno, que sufre los efectos de la inflación y del aumento generalizado de costes.

Además, el IVA es un impuesto que se traslada en gran medida al consumidor final: pasar del 10% al 21% encarecería de golpe el ticket en bares, restaurantes y alojamientos, trasladando una nueva subida a los hogares «Justo después de un ciclo inflacionista intenso y de imposiciones de tasas turísticas por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas. No es el momento de pedir al consumidor que absorba otro encarecimiento, ni a un sector con márgenes ya tensionados que asuma un nuevo incremento de costes».

En palabras de Gallego, “elevar el IVA al 21% supondría un impacto severo sobre la competitividad de nuestro turismo y, sobre todo, un castigo fiscal injusto al bolsillo de las familias españolas, dificultando su acceso a un modelo de vida y convivencia que nos define como país. Instamos al Gobierno a pronunciarse con total claridad en contra de esta propuesta y a defender el tejido empresarial que sostiene el día a día de nuestros barrios y pueblos”.

Un pacto histórico y territorial en riesgo

Competur recuerda que el IVA reducido de la hostelería constituye un derecho histórico para España, instituido en 1986 durante el proceso de adhesión a las Comunidades Europeas. «Se trata de un pacto estratégico concebido para compensar los sacrificios exigidos entonces a los sectores industrial, agrario y pesquero, cediendo al turismo el rol de gran motor de riqueza». Renunciar a este equilibrio erosionaría la competitividad de España frente a competidores internacionales globales, expican.

“Es preocupante que la Unión Europea siempre piense que para arreglar los problemas hay que subir la carga fiscal. La mayoría de nuestros países competidores de nuestro entorno tienen tasas de IVA inferiores a España y abandonar los tipos reducidos supondría un castigo a los visitantes extranjeros que repercutirá directamente en la demanda y en el resto de ingresos de todos los subsectores que arrastran la actividad turística”, señalan desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

Por su parte, desde Hosbec, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana recuerdan que el mantenimiento de tipos reducidos en alojamiento y restauración es una práctica extendida en la Unión Europea. «De acuerdo con la información oficial de la Comisión Europea sobre tipos de IVA vigentes en los Estados miembros, España aplica un tipo reducido del 10%, en línea con otros destinos competidores como Francia, Italia o Austria, y por debajo se encuentran países claramente competidores como Portugal o Croacia«.

Por ello, una subida del IVA turístico en España no solo tendría efectos recaudatorios, sino también efectos competitivos: podría situar al país en una posición fiscal menos favorable frente a otros destinos europeos y mediterráneos», señalan desde la asociación valenciana.

Además, explican que la estimación de 7.000 millones de euros de recaudación adicional que estima la Comisión Europea no incorpora efectos dinámicos sobre precios, demanda, empleo, inversión y márgenes empresariales. «No puede presentarse como recaudación neta segura».

El peligro de un efecto rebote

Por otra parte, la recomendación de la Comisión Europea pasa por alto la compleja arquitectura fiscal de la hostelería en España. Bares, restaurantes y alojamientos ya soportan una elevada carga de fiscalidad local y autonómica en forma de tasas que no afectan a otros sectores de la economía, recuerdan desde Competur. «Una contracción de la demanda provocada por el endurecimiento del IVA reduciría la actividad económica global, generando un efecto rebote que disminuiría los ingresos de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas, dañando el equilibrio territorial»

Por todo ello, Competur solicita formalmente al Gobierno «un rechazo público firme y argumentado frente a las pretensiones de Bruselas», para salvaguar un sector estratégico que dinamiza la economía, cohesiona el territorio y asegura la sostenibilidad social de la ciudadanía.